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Acceso a Justicia, Gestión Administrativa, Gestión Judicial, Gestión Jurisdiccional, Gobierno Judicial, Independencia Judicial, Participación Ciudadana, Reforma Judicial
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Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, Consejo de la Magistratura, Corte Suprema de Justicia, Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, Ministerio de Justicia
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La experiencia del proceso de dialogo en torno al Poder Judicial, el sistema de justicia actual y los derechos de acceso a justicia, confirman que los temas de debate deben centrarse en resolver problemas, tanto de la percepción de los agentes estatales como ciudadanía respecto al servicio del sistema de justicia, identificándose que la percepción ciudadana sobre el sistema de justicia es negativa.
El total de los sectores sociales consultados han concluido por unanimidad que: - Primer punto, el sistema de justicia es selectivo y excluyente. En términos de que quienes están en condiciones de lograr un tutela judicial efectiva son los que tienen mayor poderío económico o político, por lo que ven al Poder Judicial, como un Poder alejado del ciudadano común y particularmente de los sectores más vulnerables; - Segundo Punto, deshumanizado y burocrático. Porque los jueces y funcionarios judiciales demuestran poca sensibilidad frente al conflicto, excesivo rigor en el cumplimiento de trámites burocráticos y demoran mucho en resolver los casos; - Tercer punto, es injusto. Porque no todos los ciudadanos pueden acceder en condiciones de igualdad al servicio de administración de justicia; y, porque los fallos en su mayoría se inclinan a favor del que puede ejercer algún tipo de presión ya sea económica, política o social y no a favor del que realmente necesita amparo judicial. - Cuarto punto, falto de credibilidad e independencia. Porque los funcionarios del Poder Judicial responden a intereses político partidarios; realizan y favorecen los actos de corrupción. Por tal razón la ciudadanía percibe una falta de respuesta por parte del Sistema de Justicia, por lo que las políticas públicas deben ser especialmente dirigidas a grupos vulnerables. Los principales problemas giran alrededor de la familia, como otros problemas colectivos, como la posesión de la tierra, conflictos ambientales, trabajo, vivienda. Particularmente los conflictos denominados como “colectivos” carecen de instancias que orienten su resolución, y destacan la importancia de los métodos alternativos de resolución de conflictos como una de las mejores formas de dar respuestas rápidas a los conflictos de los ciudadanos. En cuanto a las barreras de acceso identificadas son múltiples: desde el desconocimiento que existe sobre los derechos que amparan a las personas, hasta el costo económico que representa para ellas, pasando por el miedo a represalias, la distancia material de la autoridad a la que se debe acudir, falta claridad en los requisitos para trámites y la demora de resolución de éstos, sumado a que una de las causas por las que no se acude al sistema de justicia es porque se considera a sus operadores corruptos. Así es que al miedo a represalias por denunciar, se le suma la falta de confianza en las autoridades y el desconocimiento de los derechos ciudadanos. Existe centralización de la información judicial antes que el concepto de servicios integrales, la falta de acceso a la justicia de los sectores marginados “se mide por la oportunidad de contacto con abogados y magistrados”, con lo que deja afuera cualquier alternativa que excluya a la corporación de los abogados y abogadas, quienes tienen el monopolio del acceso a la justicia formal. Ante esta situación, la ruta propuesta para lograr cubrir la gran mayoría de las demandas sociales requiere primeramente de una renovación de la composición y funcionamiento administrativo de la Corte Suprema de Justicia, con la separación de funciones jurisdiccionales y administrativas. Situación que en alguna medida se ha dado, pero sin los niveles de óptimos que permitan una mejor administración de justicia, hasta hoy muchos magistrados de la Corte Suprema le dedican más tiempo a cuestiones administrativas que al estudio de los casos. Incrementando riesgos que pueden potenciar prácticas tales como “amiguismo”, nepotismo, impidiendo la profesionalización de la administración de los tribunales, abriendo la puerta a quienes buscan el favor de la Corte, antes que el cumplimiento eficiente de sus tareas. Por otra parte, no se han cumplido las expectativas de mejoramiento en la selección de magistrados ni se ha logrado evitar la “politización” y el “amiguismo” de nombramientos. Se debe, revisar la composición y los métodos de selección. En ese sentido los integrantes del Consejo no deben ser representantes gremiales de un sector, sino juristas de reconocida trayectoria y honorabilidad, por más que sean elegidos por los distintos sectores. Es necesaria la oralización de todos los procedimientos, el mandato constitucional de oralizar todos los procedimientos apenas se ha cumplido. Ello es importante como un modo de acabar con el formalismo, el ritualismo y la falta de transparencia en los procesos. Las demandas sociales justifican el desarrollo de normas y mecanismos de Acceso a Justicia articulado con el sistema judicial, e indefectiblemente un fortalecimiento de la Justicia de Paz, base de una administración de justicia verdaderamente democrática y la clave para una nueva política de acceso a la justicia. Además, es en la fuerza de la justicia de paz donde se construye el respeto a las leyes, la tolerancia y la resolución pacífica de conflictos en todos los rincones de la república. Para los profesionales del derecho es imperante la formulación e implementación de una Ley de Carrera Judicial y Colegios Públicos de Abogados, tanto en la defensa de los intereses por los litigantes como en el ejercicio de la magistratura. El ejercicio de la abogacía reclama la fortaleza de los Colegios y un control disciplinario de la abogacía que sea efectivo sin afectar la necesaria independencia de los abogados. La falta de espacios en el sector justicia de mayor participación de referentes sociales requieren de la creación de sistemas de participación popular en la administración de justicia. En particular, podríamos hablar de jurados populares para sectores vulnerables pueden constituir una herramienta que permita construir un Poder Judicial más independiente y conectado con la sociedad. |
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| Denominación | Año | Fuente |
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| Demandas sociales para la reforma Judicial. | 2015 | Descargar |