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Acceso a Justicia, Conflictos Comunitarios, Derechos Humanos, Participación Ciudadana
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Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, Ministerio de Justicia
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El derecho fundamental del acceso a justicia debe existir para todo ciudadano/a por igual, los obstáculos al acceso, sean estos de carácter normativo instrumental, afectan de manera significativa a grandes sectores y en especial a los más pobres del país.
El acceso a la justicia asume dimensiones destacadas para calidad y permanencia de la democracia y se convierte en un factor importante para la estabilidad del desarrollo social, económico y político de un colectivo que se entiende como país. En este sentido no se reduce a una simple “entrada” del ciudadano a una instancia judicial, sino que debe entenderse y valorarse como “un instrumento de transformación de las relaciones de poder que perpetúan la exclusión, la pobreza y la subordinación de grupos tales como mujeres, presos, indígenas, migrantes, discapacitados, menores, ancianos, población de bajos ingresos. Comprendemos por Acceso a Justicia entiende que el acceso a la justicia es un concepto que hace referencia a las posibilidades de las personas de obtener una respuesta satisfactoria a sus necesidades jurídicas y cuyo ámbito material de aplicación se delimita mediante el análisis del conjunto de derechos de los ciudadanos y la valoración de la naturaleza y extensión de la actividad pública y de los mecanismos o instrumentos jurídicos necesarios para garantizarlos. Varios obstáculos de acceso a la justicia no necesariamente tienen origen en el quehacer del sistema judicial, sino que corresponden también a responsabilidades no cumplidas por otros estamentos de la vida pública y privada de la nación. Entre los obstáculos al acceso a la justicia identificados en América Latina se encuentran: - La cultura general existente, caracterizada por la falta de una política educativa basada en el reconocimiento y respeto de los deberes y derechos humanos individuales y colectivos. - La pobreza en que permanece un porcentaje elevado y alarmante de la población del continente. - La corrupción que funciona como sistema integral en la administración pública reduciendo la institucionalidad y el Estado de Derecho. - El ocasional predominio de los poderes Ejecutivo y Legislativo sobre el Judicial, afectando su independencia y capacidad de respuestas. - En cuanto a lo que al sistema de justicia se refiere, el ciudadano (a) desconoce de su funcionamiento, estructura organizativa y del rol de cada uno de sus actores, iniciando porque lo que le corresponde a él como ciudadano (a) que se pretende proteger. - La ubicación geográfica, diseño y ordenamiento de los Palacios de Justicia que establecen distancias territoriales y sociales entre los actores del sistema judicial y el ciudadano(a), situación que les convierte en extraños, alejándolos y dando paso a la desconfianza e incredibilidad. Junto a esta situación crece la inseguridad ciudadana en la mayoría de los países Latinoamericanos. Aumenta el índice de la delincuencia y la violencia que se expresa contra la mujer, la familia y la sociedad en general. El incumplimiento de la ley parece ser la norma y la impunidad se erige como obstáculo de gran magnitud para la acción judicial propiciando que sectores de la población busquen soluciones al margen de la ley. Las dificultades que el ciudadano (a) encuentra para acceder a la justicia evidencia que la función esencial del Estado no está llegando a todos(as) por igual. El sistema democrático real y el Estado Social de Derecho verdadero solo funciona donde existe Justicia en Equidad. Así lo han entendido diversas instituciones y la sociedad civil por lo que el tema se va asumiendo como un desafío que no debe postergarse y desde esa intención se realiza este proyecto de ley de Acceso a Justicia para reducir la distancia existente entre justicia y ciudadanía. Se ha sostenido que las políticas de acceso a justicia han de pensarse desde una óptica de tratamiento integral de las necesidades que posibiliten la paridad en el derecho a través de la implementación de mecanismos jurídicos compensadores de las desigualdades de hecho. Por lo tanto, una adecuada política de acceso a la justicia debe contemplar como objetivo la creación de una multiplicidad de mecanismos complementarios capaces de cubrir las diferentes necesidades de los diversos grupos sociales excluidos, convirtiendo a cada uno de los instrumentos que lo integran en un remedio con capacidad para subvertir la influencia de las barreras estructurales sociales, económicas y culturales que pesan sobre el grupo de población al que dirigen su acción. La elaboración participativa de un Proyecto de Ley de Acceso a Justicia, tiene como objetivo central generar un instrumento que permita brindar diversas opciones para posibilitar el acceso a justicia, orientado principalmente a las poblaciones en situación de vulnerabilidad, busca articular esfuerzos entre las diversas funciones estatales, generando un espacio de intercambio, interacción y consenso entre los actores involucrados, que posibilite la optimización de los recursos y la rápida respuesta a la población en la temática. El déficit que arrastra nuestra democracia, en cuanto al acceso a justicia se refiere, se convierte en un desafío a superar ya que cuando los demás derechos le son violados a la persona, la posibilidad de acceso a justicia, como derecho fundamental, constituye la vía para reclamar su cumplimiento y/o el cese de su vulneración y si este no es reconocido el Estado de Social de Derecho queda en debilidad. La superación de este déficit es deuda pendiente que involucra la responsabilidad de todos los poderes e instituciones del Estado y de la sociedad civil en general. |
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| Denominación | Año | Fuente |
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| Acceso a Justicia: Una visión de la sociedad civil hacia la Ley de Acceso a Justicia | 2017 | Descargar |