|
Acceso a Justicia, Derechos Humanos, Gobiernos Locales
|
|
Corte Suprema de Justicia, Gobernaciones en General, Ministerio de Justicia, Ministerio de la Defensa Pública, Municipalidades en General
|
|
La ciudadanía, los gobiernos locales y el gobierno central de Paraguay, en el contexto de la pandemia de la COVID-19 del 2020-2021, han experimentado la importancia de la descentralización y la coordinación de las políticas de acceso a justicia de una manera crítica al no poder desplazarse de sus comunidades con los bloqueos territoriales por las medidas sanitarias. Toda esta situación volvió aún más evidente la necesidad de fortalecer las capacidades locales para afrontar los desafíos del aislamiento en materia de acceso a justicia y avanzar hacia la descentralización de servicios.
En atención al contexto y la necesidad de protección de las comunidades, el Centro de Estudios Judiciales con la cooperación internacional, en apoyo al Ministerio de Justicia, se suma al proceso de diálogo de la gobernanza y para la coordinación del sistema de justicia con la participación de los gobiernos municipales, los/as líderes claves de los municipios vinculados al desarrollo de las ciudades, hacia ciudades sostenibles. Elabora este documento de línea de base en una aproximación y recopilación de la información relativa a las políticas de acceso a justicia y derechos humanos que existen y pueden ser llevadas en conjunto con los diferentes niveles de gobierno: central, departamental y municipal, en miras a una agenda en común para el seguimiento a las recomendaciones en materia de derechos humanos y acceso a la justicia. El documento contiene conceptos claves e informaciones sobre políticas de acceso a justicia en Paraguay en general, se complementa con normativas, políticas y recomendaciones de mecanismos de protección de derechos humanos. En la gobernanza política y ejecutiva para el acceso a justicia, el Ministerio de Justicia tiene el desafío de dar seguimiento a las innumerables recomendaciones relativas a derechos humanos en el sistema de protección del Estado como garante. En cuanto a la labor de la Dirección de Acceso a Justicia es fundamental su trabajo y se destaca entre sus actividades de acercamiento a los municipios, el Programa Nacional Casas de Justicia. La información relativa a los avances en el cumplimiento de las recomendaciones, provista por los Municipios, se incluye la referencia a las plataformas de información del Estado, como el SIMORE (Sistema de Monitoreo a las Recomendaciones en materia de DDHH) bajo la coordinación del Viceministerio de Justicia y Derechos Humanos (Decreto del Poder Ejecutivo MRE N° 4368/2015). El Ministerio de Justicia cuenta con el rol de co-administrador del SIMORE. Tal como se señala en la ley orgánica municipal, un municipio es la comunidad de vecinos con gobierno y territorio propios, que tiene por objeto el desarrollo de los intereses locales. Su territorio deberá coincidir con el del distrito y se dividirá en zonas urbanas y rurales. En general, el tema de acceso a justicia y derechos humanos es escasamente abordado en los programas de gobierno municipal. La ley orgánica municipal permite llevar adelante roles de coordinación con el sistema de justicia, tales como las Consejerías para niños, niñas, adolescentes y la promoción de derechos de las mujeres. Tiene un rol de relevancia en la construcción de modelos de gobernanza democrática, al establecer la ley orgánica municipal entre las funciones de la municipalidad la promoción de soluciones pacíficas de controversias y conflictos comunitarios e institucionales, mediante la aplicación de la mediación, conciliación, mesas de diálogos u otros medios alternativos. El acceso a justicia como tal consiste en un derecho de toda persona al acceso a los mecanismos de protección de sus derechos, a ser oído y obtener respuestas a los planteamientos o reclamos con la posibilidad de desarrollar los recursos disponibles en su comunidad, libre de barreras y discriminación, en condiciones de igualdad. Estos recursos son sencillos, rápidos, efectivos, que amparen en los derechos. La vida de la comunidad implica por lo tanto abordar los conflictos comunitarios, prevenirlos, por lo que el Municipio, cercano a la vida de las personas, debe conocer y acompañar la búsqueda del buen vivir en la comunidad. Un nivel de vida adecuado en el municipio no sólo implica políticas municipales relativas al mantenimiento de infraestructuras, sino aquellos temas que pueden ser percibidos tangiblemente y que tienen que ver con la vida de calidad en una ciudad pacífica. |
 |
| Denominación | Año | Fuente |
|---|---|---|
| Aproximación a las políticas de acceso a justicia en Paraguay | 2020 | Descargar |