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Corrupción, Lucha contra la Corrupción, MESICIC, Participación Ciudadana
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Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, Contraloría General de la República, Corte Suprema de Justicia, Ministerio Público, Presidencia de la República, Secretaría Nacional Anticorrupción
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Uno de los puntos esenciales para el fortalecimiento de la mayoría de los mecanismos referidos a acceso a la información y promoción de la participación ciudadana es que estos sean institucionalizados y generalizados en su cobertura, lo que debe darse a través de normas que establezcan y hagan obligatorias las prácticas institucionales de transparencia activa y promoción de participación ciudadana, y también del desarrollo de nuevas capacidades en las personas y las instituciones para poder atender estas demandas.
En función al análisis realizado, surgen una serie de observaciones y recomendaciones en cuanto a la posibilidad de mejorar los mecanismos para acceder a la información y estimular la participación de la sociedad civil y de las organizaciones no gubernamentales en la gestión pública. En primer lugar, cabe referir que en materia legislativa no ha habido avances. Los proyectos de Ley de Acceso a la Información y de Participación Ciudadana no han recibido un trato prioritario de parte del Congreso Nacional y sigue la espera de su tratamiento. En segundo lugar, es conveniente señalar que, a pesar de las dificultades que genera no contar con estas leyes específicas, en el periodo de observación se han identificado varias iniciativas en materia de mecanismos que contribuyen con la prevención de la corrupción pública; entre estas cabe referir las Unidades de Transparencia y Participación Ciudadana, al igual que las Oficinas de Comunicación que se encargan de difundir informaciones referidas a la gestión institucional. No obstante, no se ha identificado que estas iniciativas respondan a un esfuerzo articulado desde cada poder del Estado, sino más bien al interés particular de las autoridades de turno, con el riesgo consecuente de que, al ser estas cambiadas, las iniciativas se desvanezcan. Como ejemplo se puede mencionar la diversidad de enfoques y funciones que estas unidades tienen, la ausencia de estándares compartidos que generan distintos grados de calidad sobre la tarea realizada y la escasa orientación a la rendición de cuentas basada en resultados de gestión. Por otro lado, si bien ha aumentado la cantidad de instituciones que cuentan con páginas web, en estas no están establecidos los campos que deben ser atendidos de esta manera obligatoria, situación que genera gran disparidad en la calidad y variedad de información que cada ente pone a disposición de la ciudadanía. Con respecto al uso de las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación, cabe referir que su uso para promover participación ciudadana es incipiente y que hay mucho por desarrollar en esta materia. En este sentido, es valorable que el Gobierno cuente con un Plan de Gobierno Electrónico, y es de esperar que este sea implementado con la celeridad requerida. En particular, con respecto a la gestión de la comunicación pública, cabe referir que un aspecto preocupante de la comunicación pública es que los manuales que orientan la gestión de la comunicación contienen disposiciones poco claras con respecto a qué tipo de información pública debe ser considerada confidencial, y se refieren a normativas futuras la reglamentación de este punto. A la fecha no se ha podido identificar que se haya avanzado en esta definición, lo cual poco contribuye con la disminución de la opacidad en la administración pública. Cabe señalar que varias iniciativas han contado con la cooperación de organizaciones de la sociedad civil y de organismos de cooperación para su desarrollo, situación que, si bien es auspiciosa por la apertura que significa trabajar de manera colaborativa con actores no gubernamentales, también genera vulnerabilidad debido a la dependencia de la cooperación externa en cuanto a recursos humanos y financieros. Por las razones expuestas, se considera que, si bien se ha avanzado en cuanto a cantidad de iniciativas de interés en materia de prevención de la corrupción a través de la transparencia gubernamental activa y de esfuerzos incipientes por acercar la gestión gubernamental a la ciudadanía, estas todavía carecen de una intencionalidad estratégica, articulada y sistemática de combate a la corrupción que privilegie la participación ciudadana y promueva su involucramiento en la gestión pública. Es por ello que uno de los puntos esenciales para el fortalecimiento de la mayoría de los mecanismos referidos a acceso a la información y promoción de la participación ciudadana es que estos sean institucionalizados y generalizados en su cobertura. Esta institucionalización debe darse a través de normas que establezcan y hagan obligatorias las prácticas institucionales de transparencia activa y promoción de participación ciudadana, pero también del desarrollo de nuevas capacidades en las personas y las instituciones para poder atender estas demandas. En general, se considera auspicioso que existan diversas iniciativas, mayormente en el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial, para favorecer la instalación de mecanismos de participación y transparencia. Asimismo, los órganos de extrapoder, como la Contraloría General de la República y el Ministerio Público. Donde menor avance se observa es en el Poder Legislativo, órgano de Poder del Estado político por excelencia, responsable de las innovaciones legislativas necesarias para el establecimiento de sistemas de gestión pública más efectivos. Si bien existe una importante presión ciudadana, informada a través de los medios públicos sobre las actividades parlamentarias, todavía no existen mecanismos en los que la ciudadanía pueda incidir concretamente a la hora de controlar y participar de las actividades de este Poder del Estado y, sobre todo, exigir el cumplimiento de las obligaciones del país en materia de leyes necesarias para responder a las medidas preventivas y sancionatorias de la corrupción pública. En resumen, la ausencia de una ley de Acceso a la Información Pública y, por otro, una de Participación Ciudadana, generan vacíos que contribuyen con la opacidad y dificulta el ejercicio del derecho a estar informado y participar en los asuntos públicos. No se ha identificado que existan procedimientos estandarizados para recibir y responder solicitudes provenientes de la ciudadanía y favorecer de manera generalizada una gestión colaborativa entre instancias gubernamentales y no gubernamentales. En general, puede afirmarse que, comparativamente con periodos anteriores, el acceso a la información sobre la gestión de las instituciones públicas ha aumentado. Ahora bien, entre otros factores, que no se cuente con un portal único de información dispersa dicha información y dificulta su rápida obtención. Con respecto al uso de las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación en la gestión gubernamental, se considera auspicioso que el Gobierno haya desarrollado un plan integral de gobierno electrónico que incluye en su diseño tres ámbitos: (a) relacionamiento del gobierno con los ciudadanos; (b) relacionamiento del gobierno con empresas; y (c) relacionamiento del gobierno consigo mismo. - Recomendaciones con respecto a los mecanismos para estimular la participación de la sociedad civil y de las organizaciones no gubernamentales en los esfuerzos destinados a prevenir la corrupción: Tal como fue señalado previamente, un punto esencial para el fortalecimiento de los mecanismos de acceso a la información y promoción de la participación ciudadana es que estos sean institucionalizados y generalizados en su cobertura. Esta institucionalización debe darse a través de normas que establezcan y hagan obligatorias las prácticas institucionales de transparencia activa y promoción de participación ciudadana, al igual que procedimientos reglados que las concreten. Igualmente, deben ser desarrolladas nuevas capacidades en las personas y las instituciones para poder atender estas demandas. En particular, es deseable que el Gobierno avance decididamente en la implementación del plan de gobierno electrónico, y que este sirva para aprovechar mejor las oportunidades que ofrecen las nuevas tecnologías para propiciar la participación ciudadana en la gestión pública. Además, es perentorio que el Gobierno restituya un espacio de interacción con la ciudadanía para propiciar la partici40 pación de distintos actores sociales en las iniciativas que se lleven a cabo para combatir la corrupción. Desde la sociedad civil, afirmamos que es momento de consolidar los espacios de participación y mecanismos de acceso a la información pública a través de la sanción de las respectivas leyes, al igual que ganar en consistencia y dirección en las medidas de carácter administrativo que las instituciones de los tres Poderes del Estado pueden llevar a cabo en uso de sus atribuciones. Finalmente, es menester que, además de los puntos señalados en este informe, el avance en el cumplimiento de las demás disposiciones de la Convención Interamericana Contra la Corrupción (CICC) sea constante, pues solo con la sumatoria de medidas bajo criterios integradores y sistemáticos se podrá avanzar, más allá del formalismo, hacia servicios públicos de calidad. Por ello, se deja constancia de que no se debe apartar la mirada sistémica e integral del problema de la corrupción y de las intervenciones que buscan minimizarla. |
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| Denominación | Año | Fuente |
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| Informe de la sociedad civil sobre el Mecanismo de Seguimiento de la Convención Interamericana Contra la Corrupción (MESICIC) en Paraguay | 2011 | Descargar |