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Acceso a Justicia, Gestión Administrativa, Gestión Judicial, Gestión Jurisdiccional, Gobierno Judicial, Reforma Judicial
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Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, Consejo de la Magistratura, Corte Suprema de Justicia, Gobernación de San Pedro
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Sobre la justicia transicional:
El proceso de transición se encuentra aún pleno desarrollo y evolución, la Defensoría del Pueblo ha venido realizando en sus agencias los trabajos tendientes a registrar a quienes se presenten como víctimas para solicitar indemnización, procediendo ya al pago de las indemnizaciones a las víctimas que acreditaron su condición. Consideramos que el sistema judicial se encuentra aún pleno proceso de consolidación ajustándose a un delicado proceso que ciertamente tiene sus efectos en el seguimiento eficaz de los procesos por violación de derechos humanos, que a la fecha, ciertamente ha presentado más inconvenientes y tropiezos antes que resultados concretos. Los esfuerzos deben, en consecuencia, ir dirigidos en primer lugar al fortalecimiento de las instituciones ya que solamente con un Poder Judicial fortalecido se podrá cumplir con una de las finalidades primordiales cual es en primer lugar que no se incurra en la impunidad, precautelando con ello la garantía de no repetición. Consejo de la Magistratura y sus reformas: El primero se refiere al rol del Consejo en la confirmación de los magistrados y si el mismo puede dejar de incluir a un magistrado en funciones en la terna. La respuesta hasta el momento parece ser negativa pues se sostuvo que la facultad de confirmar o no a un juez corresponde a la Corte y no al Consejo. Al no incluirlo dentro de la terna sin motivo válido, se estimó que el Consejo procede de hecho a no confirmarlo. Sin duda, debería preverse un mecanismo que posibilite la igualdad de oportunidades para los magistrados que están en concurso por una confirmación y los abogados que desean ingresar a la Magistratura. En muchos casos, los abogados no desean concursar con magistrados que están presentándose para una confirmación, sobre todo cuando los mismos cuentan con buen desempeño en sus funciones. Tal vez sea oportuno modificar el sistema actual ya que esta situación, lejos de ser esporádica, surge en forma recurrente. En segundo lugar, creemos igualmente que la composición del Consejo debe ser modificada. La integración del mismo con miembros de órganos políticos como los representantes de la Cámara de Senadores y de Diputados no resulta adecuada por varios motivos. En primer lugar, se ha visto que las vicisitudes políticas no permiten en todos los casos una integración pluralista. Además, existen conflictos de permanencia de los representantes cuando se modifican las frágiles mayorías en las Cámaras, buscando cambiarse al representante antes de los tres años. Se corre asimismo el riesgo de que los grupos políticos designen a personas afines al sector que representan. Ello es algo que no puede evitarse en los altos cargos, pero si podría y debería disminuirse en el caso de jueces. Tal vez la opción más adecuada sería que tanto la Cámara de Senadores como la de Diputados designen un representante que no cuente con un mandato parlamentario, pudiendo ser un ex magistrado, un profesor universitario o un abogado, tal como fue adelantado más arriba. Resulta asimismo indispensable que se permita a los magistrados tomar parte en la elección de miembros del Consejo. Se consideró que dicha posibilidad abriría las puertas a un “gobierno de jueces”. No obstante, los magistrados son sin duda uno de los grupos más interesados en el fortalecimiento del Poder judicial, razón por la cual no se les debería seguir negándose una vía que es reconocida a los órganos de los poderes del Estado, abogados y docentes universitarios. Pero la vía para permitirles el ejercicio de este legítimo derecho es la reforma de la Constitución. En tercer lugar, creemos que efectivamente debería establecerse un plazo para el procedimiento de selección de los magistrados. La justicia es un servicio esencial que no puede paralizarse debido a inconvenientes de diversa índole. Basta verificar cuantos jueces han cumplido el período para el que fueron designados y aún no se inició el procedimiento para su confirmación. Puede igualmente verse que hay personas que se presentan para cargos y que se encuentran sometidas a una incertidumbre sobre el resultado desde la publicación de los edictos hasta que la Corte suprema de justicia analiza el tema. Tal vez el sistema uruguayo pueda ser un ejemplo a seguir. El art. 236 de la Constitución uruguaya dispone: “Los miembros de la Suprema Corte de Justicia serán designados por la Asamblea General por dos tercios de votos del total de sus componentes. La designación deberá efectuarse dentro de los noventa días de producida la vacancia a cuyo fin la Asamblea General será convocada especialmente. Vencido dicho término sin que se haya realizado la designación, quedará automáticamente designado como miembro de la Suprema Corte de Justicia el miembro de los Tribunales de Apelaciones con mayor antigüedad en tal cargo y a igualdad de antigüedad en tal cargo por el que tenga más años en el ejercicio de la Judicatura o del Ministerio Público o Fiscal”. Un procedimiento similar rige para los cargos inferiores. Finalmente, estimamos que se debería dar mayor publicidad a los antecedentes profesionales y los resultados de la evaluación de los candidatos a ocupar cargos en la administración de justicia y el ministerio público. Sería ideal que los mejores pasen a ocupar las ternas. Sino… ¿para qué están los exámenes? Somos conscientes de que algunas propuestas requieren la reforma de la Constitución, sujeta a la agenda política. Sin embargo, cualquiera de las otras iniciativas que pueden ser adoptadas por otra vía merecen un análisis ya que se trata de mecanismos que permitirán un mejor funcionamiento de la justicia en el Paraguay. Tal vez el Consejo pueda dar un “consejo” en la materia. Las recomendaciones nunca están de más. Justicia y procesos en la democracia: Paraguay dispone de un amplísimo régimen jurídico en materia de derechos humanos, la Constitución Nacional le da a los instrumentos internacionales un valor superior a las leyes pero hasta ahora los principios, las prácticas y las normas de derechos humanos no han sido suficientemente absorbidas por los actores del sistema de justicia. Analizar las acciones judiciales, sean cuales fueren desde una perspectiva de derechos humanos podría posicionar al sistema de justicia como una herramienta válida para la exigencia de éstos y devolver confianza en la justicia. Pero para el afianzamiento de este tipo de conductas se deben tomar decisiones institucionales serias y comprometidas con los derechos humanos, se debe abrir la discusión seria sobre la necesidad de ser críticos y cambiar posiciones intransigentes y contrarias a los principios de los derechos humanos. Los operadores de justicia deberían “apropiarse” de los instrumentos internacionales de derechos humanos y utilizarlos en su trabajo cotidiano. Entiendo que los principales desafíos de la justicia están directamente relacionados con los grupos vulnerabilizados por el sistema económico/social imperante y por el mismo sistema de justicia. Con relación a los pueblos originarios se deben eliminar las trabas para el cumplimiento de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos con relación a las comunidades SAWHOYAMAXA, YAKYE AXA y XÁKMOK KÁSEK, y para que las otras comunidades de pueblos originarios puedan hacer valer sus derechos. Se deben buscar alternativas conjuntas con otros poderes en la lucha contra la violencia y la discriminación contra la mujer. La intervención del Poder Judicial debe buscar proteger y asegurar efectivamente a todas las mujeres una vida libre de violencia, en especial a las que se encuentran en situaciones de mayor vulnerabilidad, mujeres de escasos recursos, mujeres indígenas, madres solteras con distintos problemas económicos, etc. Los pasos hacia el efectivo control de las funciones de la Policía y del Ministerio Público deben buscar acabar con la selectividad penal y el círculo interminable de la persecución y represión del Estado hacia los grupos más vulnerables y estigmatizados por distintos motivos. Para este control se debe fortalecer urgentemente al Ministerio de la Defensa Pública, que debe constituirse en un espacio de recepción y exigencia de las problemáticas de todos y de todas. La revisión de conceptos, principios y decisiones que atentan contra los derechos humanos, que son estigmatizantes, discriminatorias y solo generan mayores daños en las personas es una tarea que debe realizarse urgentemente. Se debe dar una fuerte discusión sobre la validez de algunas leyes que rompen los principios de inocencia, de igualdad ante la ley y los principios de los derechos humanos. El sistema de justicia debe ordenar que se cumplan los tratados y los compromisos internacionales asumidos por el Estado Paraguayo, priorizando éstos a leyes punitivas mediáticas y elaboradas en momentos de conmoción y mediatización del delito. Como mencionamos arriba, es importantísimo transitar el camino hacia la exigibilidad de todos los derechos humanos, pero especialmente de los derechos económicos, sociales y culturales, puesto que éstos sumados a los civiles y políticos tornan la vida de las personas dignas con posibilidades de desarrollarse y apuntando a la concreción de un proyecto de vida. La validación y la utilización de las acciones colectivas para la protección y la exigencia de derechos de distintos grupos son fundamentales para avanzar hacia la plena vigencia de los derechos humanos. Los principios fundamentales en los que se debe basar cualquier actuación, tanto de los órganos de justicia, como los actores del sistema e inclusive los demás estamentos del Estado deben pasar transversalmente por el filtro de los derechos humanos y el principio pro persona. Modelo de Casa de Justicia y Paz Social en el Departamento de San Pedro: Las lecciones aprendidas, son generalizaciones basadas en la experiencia de evaluaciones aplicables a situaciones más amplias, destacando puntos fuertes o débiles en la preparación, el diseño y la puesta en práctica que afectan al desempeño, los resultados y el impacto de la intervención, y que identifiquen buenas o malas prácticas. San Pedro es una circunscripción en donde la intervención se dio en tres dimensiones distintas El Sistema de Justicia propiamente dicho, la comunidad y la Gobernación estos actores jugaron un papel decisivo en el momento de llevar adelante las acciones del programa, en este sentido el equipo del CEJ, multidisciplinario, coordina y acompaña todas las acciones, es importante hacer notar en este sentido que otros miembros de nuestra organización asignados a otros componentes del programa dieron asistencia técnica cuando fue requerida de manera voluntaria. La cultura planificadora no está instalada, por ende el proceso requirió de continuos estímulos, despliegue de actividades de sensibilización, educación, y promoción por parte de los más interesados, la facilitación es un proceso que debe generar respuesta en el otro. Se debe reconocer que el apoyo político es fundamental para mejorar las condiciones de trabajo de los Juzgados de Paz, por ende es fundamental desplegar estrategias de incidencias políticas a nivel central y local. Una salida a la problemática consistiría en buscar alianzas en las asociaciones de magistrados a nivel nacional. Alianza que puede ser trabajada participativamente con los referentes involucrados directamente con las comunidades. Son evidentes las “distancias burocráticas” que deben recorrer las políticas públicas gestadas por las comunidades y autoridades locales para volverse operativas, ámbitos que escapan a los resultados esperados por la acción desplegada. Un terreno a ser tenido en cuenta en acciones futuras, con la finalidad de producir mayor impacto al interior de las mismas. Cuando se instala o estimula ampliar la oferta de servicios al interior de cualquier institución es necesario e importante “trabajar sobre un modelo piloto” y acompañar este proceso con fuertes programas de capacitación para que los involucrados eleven sus capacidades de respuesta a la demanda. Una facilitación y articulación entre sujetos con intereses comunes es la clave para lograr un dialogo social representativo y pluralista, los intereses comunes son la base para construir consenso. El compromiso es resultado de la participación y este llega a incidir en los modelos de liderazgos autocráticos, ejerciendo una presión natural sobre jerarquías establecidas culturalmente. Centrarse en objetivos comunes y abordar los temas con una filosofía inclusiva, suma aliados y esto puede ser decisivo para mitigar los impactos negativos de la presión política partidaria. Para satisfacer la demanda es necesario Incrementar los recursos humanos con mediadores formados en las Oficinas de Mediación del Sistema de Justicia. Además de promover la mediación y la conciliación en los Juzgados de Paz mediante campañas de difusión educativa de los servicios de la Justicia. Es vital proseguir con la construcción de redes y su fortalecimiento para el mejoramiento del acceso a justicia entre mediadoras del Sistema de Justicia, mediadores sociales del Centro Abriendo Puertas de la Secretaría de Acción Social de la Gobernación de San Pedro, el Servicio de CODENI de la Municipalidad, y la Justicia de Paz. Mejorar el acceso a la información y saberes se realiza mediante el intercambio de informaciones y experiencias entre los actores. |
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| Denominación | Año | Fuente |
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| Justicia y desarrollo en el Bicentenario: Estudio sobre la justicia y su influencia en el desarrollo del Paraguay. | 2012 | Descargar |