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Asentamientos Suburbanos, Seguridad, Seguridad Ciudadana, Seguridad Humana
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Asunción, Limpio, Luque, Ministerio de Desarrollo Social, Ministerio de la Mujer, Ministerio de la Niñez y Adolescencia, Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat, Ministerio del Interior, Ñemby
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La investigación ha estudiado cuatro (4) casos, a través de los cuales se pudo describir la situación en la que viven pobladores de asentamientos suburbanos localizados en Asunción y el área metropolitana, así como la manera en que afecta a la seguridad de sus habitantes. Estas condiciones fueron analizadas desde la perspectiva de la seguridad humana, consideradas en el Informe “Nuevas Dimensiones de la Seguridad Humana”, publicado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en el año 1994, en el cual se describen las 7 dimensiones que abarca este concepto y que a su vez subrayan que “las nuevas amenazas a la seguridad se originan en la pobreza y la falta de oportunidades; de este modo, el concepto crece en su perspectiva inclusiva y en su perfil democrático”.
El estudio ha sido enfocado de forma multidimensional y multifactorial, basando la definición de indicadores a ser estudiados en lo afirmado por Louis Wacquant, cuando expresa: “La violencia en la ciudad es un problema complejo, que tiene que ver directamente con la pobreza, pero no en términos unicausales, sino que la violencia urbana siempre se encuentra en correlación con otras variables. Es un problema social que hay que investigarlo en términos relacionales, tienen condicionamientos de orden económico, político, social, jurídico, cultural, psicológico, medio ambiental”. Se ha demostrado que existe una relación directamente proporcional entre la situación de exclusión social y vulnerabilidad que presentan los territorios investigados, la cual deriva de las carencias materiales y la existencia de actividades ilícitas legitimadas en el barrio mismo, tales como la violencia intrafamiliar, el abuso del alcohol, la existencia de mercado para objetos robados. Como lo expresa Franz Vanderschuerem175, “a menudo estos hechos son preexistentes a la llegada de los narcotraficantes”, quienes se instalan aprovechando esta situación. Todo esto afecta directamente a la seguridad humana y, por ende, a la libertad y seguridad de las personas, tal como afirma el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), que definió el concepto de Seguridad Humana como “la condición necesaria para que las personas puedan ejercer sus opciones vitales de forma libre y segura, con las garantías de amparo y protección para llevar adelante su proyecto de vida, con una relativa confianza en que las oportunidades de hoy no desaparezcan mañana”. Es decir, la situación de exclusión social en la que se encuentran los habitantes de los territorios investigados afecta su libertad, su seguridad y la cohesión social, afecta la estructura de oportunidades para el crecimiento de la delincuencia, incidiendo directamente en la seguridad humana en el territorio, según manifiesta, Bussó: “La exclusión genera una vulnerabilidad barrial entendida como un proceso multidimensional que confluye en el riesgo o probabilidad del individuo, hogar o comunidad de ser herido, lesionado o dañado”. Dicho esto, se puede concluir que no es solamente la delincuencia el origen de la inseguridad de las personas, sino que ella es también una consecuencia de la situación de exclusión en la que se encuentran los habitantes de un territorio; por lo tanto, las políticas públicas deben apuntar a atender la situación de exclusión social de forma integral para poder incidir de manera efectiva en la seguridad ciudadana. Las comunidades en las cuales se focalizó esta investigación se encuentran en situación diferente de arraigo y consolidación. A pesar de las diferencias, existen realidades sociales comunes a todos los territorios, que afectan a la seguridad de las personas y se encuentran presentes en todos los casos, contribuyendo de manera contundente a aumentar la sensación de inseguridad con la que conviven los habitantes de estos asentamientos. Por lo tanto, teniendo en cuenta lo afirmado por Franz Vanderschuerem176, quien explica que investigaciones en la materia evidencian la “multidimensionalidad de la violencia, el entrelazamiento y entrecruzamiento de sus causas e impactos y su dimensión territorial”, seguidamente se describen los principales hallazgos de esta investigación: En el plano socioeconómico: Según se ha podido verificar en terreno, los asentamientos investigados pasan por una situación similar a la mayoría de los del Departamento Central, en lo referido al proceso social e institucional vivido desde la ocupación del territorio hasta su regularización y consolidación como una urbanización con acceso a los servicios básicos requeridos para el funcionamiento adecuado de una comunidad urbana. Por ejemplo, la mayoría de los asentamientos han tenido origen en una ocupación provisoria o precaria de los territorios, a veces con un origen violento y en otros casos de forma acordada con propietarios. La mayoría convive con problemas ambientales (seguridad ambiental), tales como el uso de letrinas comunes, falta de recolección y tratamiento de basuras, agua potable administrada por comisiones vecinales, sin contar con certificaciones de la ERSSAN, y en una importante cantidad de casos se evidencian conexiones eléctricas irregulares. La mayoría vivió o vive en viviendas precarias y con graves problemas de hacinamiento, incluso aquellos en asentamientos que lograron viviendas dignas por medio de programas sociales. En cuanto a la titularidad de las viviendas, todos los asentamientos estudiados se encuentran en situación de precariedad jurídica; sin embargo, los asentamientos del Departamento Central cuentan con la asistencia del programa Tekoha de la SAS, a través del cual se avanza hacia la regularización de las propiedades. La mayor parte de los caminos no están empedrados y no se cuenta con acceso rápido a transporte público y servicios de salud (seguridad en salud). Para el caso del Bañado Tacumbú se identifican sectores del barrio que albergan a familias en situación de absoluta precariedad, lo cual las hace totalmente vulnerables y consolidan su situación de pobreza absoluta (seguridad económica y alimentaria). Los territorios sociales se ven afectados por la estigmatización, pues son las propias autoridades e incluso funcionarios quienes los identifican y registran de forma diferenciada del resto de la población (seguridad de la comunidad), como se da oficialmente en el caso del Municipio de Limpio que identificó a la población de los asentamientos como “villeros” en su Plan local de Desarrollo. Los “villeros”, “damnificados”, “sin techo”, son motes que se han vuelto normales para identificar a quienes viven en asentamientos periurbanos, tanto para aquellos en situación de mayor precariedad como a aquellos que ya han logrado mejorar o regularizar la ocupación y su situación socioeconómica. La anomia está presente en todos los casos, se podría decir que con diferentes graduaciones; se encuentran grupos de individuos que no se adaptan a las reglas sociales, situaciones donde las instituciones y los pobladores no logran armonizar por completo los objetivos, las reglas y las condiciones para convivir en armonía social, lo cual afecta a la cohesión social de los territorios (seguridad de la comunidad). En todos los casos, los jóvenes son protagonistas de las situaciones de violencia y delincuencia denunciados por los vecinos, se los relaciona directamente con el abuso del alcohol, el tráfico y consumo de drogas y la peleas callejeras (seguridad personal). Las instituciones no disponen de recursos humanos ni técnicos que puedan abordar la problemática de la juventud, que requiere de un abordaje amplio e integral. Las mujeres son, en todos los casos, las principales víctimas de la violencia intrafamiliar, la cual se encuentra presente en las estadísticas de denuncias, pero no se realiza un abordaje comunitario de la problemática, porque es considerado un tema privado de cada familia. La cultura machista y las limitaciones para acceder a protección judicial, atención psicológica y jurídica, hacen que las mujeres y su entorno toleren muchas veces los abusos hasta que se vuelvan insoportables. Las respuestas institucionales son absolutamente insuficientes. En el plano de la seguridad personal (las consecuencias): Los hechos punibles más denunciados son: el robo y hurto (agravados y no), violencia contra la integridad de las personas, violencia intrafamiliar, tráfico y consumo de drogas, polución sonora, accidentes de tránsito, y los homicidios. Los conflictos entre vecinos se encuentran casi siempre vinculados al abuso del alcohol, que trae a consecuencia violencia, agresiones, denuncias de polución sonora y violencia intrafamiliar. Sin embargo, los líderes comunitarios expresan su preocupación y temor por el consumo y el tráfico impune de drogas y el abuso del alcohol, que consideran son las principales causas que generan hechos delictivos. Lo señalado se suma con la falta de cohesión social en los territorios, con lo cual se cumple lo afirmado por Alejandra Lunecke:177 “En muchos casos, el temor inmoviliza para participar y para asociarse, arraigándose un sistema de desconfianza mutua, cuyo principal contenido está dado por prejuicios, estereotipos y sospechas más o menos fundadas hacia los otros vecinos del barrio” (seguridad comunitaria). En cuanto a la violencia que deriva internamente del ámbito social de los territorios, se puede afirmar que se han identificado a la violencia intrafamiliar así como casos de abuso sexual en niños, que pueden ser consecuencia del hacinamiento y la disfuncionalidad de muchas familias. Este hecho no ha sido visibilizado desde un abordaje comunitario, pues los habitantes siguen considerando que esto se da en el ámbito privado de las familias. La formación de grupos internos que conviven y compiten por espacios de poder para controlar negocios ilícitos se encuentra presente en todos los territorios, aunque los líderes sociales se declaran incapaces de enfrentar la situación debido a no confiar en la Policía ni la Justicia, con lo cual se teme por las represalias que las denuncias pueden ocasionar; por ello, estos delincuentes operan con impunidad y transmiten inseguridad permanente en el barrio. Por otro lado, se han identificado conflictos con el entorno, por ejemplo, en los casos de asentamientos ubicados en zonas inundables cuyos habitantes son víctimas de violencia generada por la inundación misma y los conflictos que conllevan. Así también, se verifican problemas entre los vecinos, debido a la contaminación, a las conexiones clandestinas, la quema de basuras, la presencia de patios baldíos, etc. Varias de estas situaciones se producen por la falta de presencia de autoridades locales o institucionales, quienes muchas veces prefieren no intervenir para evitar involucrarse en la problemática o simplemente porque los problemas son tan grandes que afirman no tener capacidad de resolver. En varios casos se ha comentado de reclamos a autoridades, pero en la mayoría de ellos se hace caso omiso a reclamos. De igual forma, se han identificado carencias en la provisión de servicios públicos, se dan conflictos que pueden derivar en violencia cuando hay problemas con la provisión de agua, cuando la basura domiciliaria debe quemarse o arrojarse a patios baldíos, cuando las conexiones de electricidad son clandestinas, cuando se arrojan desechos cloacales a la vía pública, cuando los alumbrados públicos no existen, cuando las calles no se encuentran en buenas condiciones. Igualmente, los servicios de salud y educación cercanos ofrecen nivel primario o se encuentran a distancias considerables. Todos estos hechos presentes en el territorio son motivo de violencia comunitaria. También se identifican hechos generados por la inacción o deficiente actuación policial y la de los demás integrantes del Sistema de Justicia (Ministerio Público, Ministerio de la Defensa Pública, Poder Judicial); o la falta de respuesta rápida y efectiva ante denuncias o la ausencia de medidas preventivas hace que los individuos denominados “mal vivientes” puedan actuar con facilidad e incluso impunidad, pues en todos los casos los líderes sociales han manifestado falta de confianza e incluso complicidad con los responsables de la distribución de droga en los barrios. Esto confirma lo expresado por Gabriel Kessler, quien afirma que “el sentimiento de inseguridad, el delito y la desconfianza a la policía se retroalimentan. En las áreas consideradas peligrosas, abandonadas por los más pudientes, con menor protección e incremento del delito, la policía tiende a estigmatizar a sus habitantes, lo que acrecentaría los hechos de violencia institucional y aumentaría la desconfianza entre la policía y la población local”. Por otro lado, se han identificado los conflictos comunitarios, y en este caso sí se puede afirmar que cada comunidad tiene “sus conflictos”, que van desde la disputa o el debate por proyectos antagónicos para la solución de una problemática (Franja Costera versus Defensa Costera), hasta tensiones por el uso del espacio público, el servicio de agua potable, la ocupación de espacios públicos por inundaciones y, por supuesto, el denominador común es la preocupación por la presencia de distribuidores y consumidores de drogas, estos conflictos pueden encontrar solución en la comunidad misma por sus condiciones de comunitarios, pero realmente en la mayoría de los casos se requiere de un actor externo que actúe de mediador o de organizaciones con mayor madurez y arraigo en la zona. La mediación de las organizaciones comunitarias es de gran relevancia para la superación de los problemas señalados. En la mayoría de los casos este papel es desempeñado por las comisiones vecinales, en otras, por comisiones de docentes, padres u organizaciones religiosas. En el Bañado Tacumbú, CAMSAT es un buen ejemplo del potencial que este tipo de organizaciones puede representar. Estas instituciones u organizaciones comunitarias apelan generalmente a reuniones para abordar la problemática en cuestión, asambleas para debatir, y en las cuales incluso se llevan a votación algunas decisiones importantes (esto ocurre generalmente en las comisiones que administran agua o en cooperativas). Estos mecanismos democráticos son bastante aceptados en la comunidad, aunque no se ha superado del todo el sesgo autoritario de algunos líderes comunitarios que todavía utilizan prácticas autoritarias para mantener el control de ciertas situaciones, incluso con el apoyo de la mayoría, tal como se da en el caso del Asentamiento Barcelona o en el Asentamiento 2 de Noviembre, en los cuales se mantiene un liderazgo fuerte, pero sustentado con logros importantes para sus comunidades, por lo cual los vecinos prefieren seguir en el proceso bajo estas condiciones. Los factores de riesgo para la seguridad humana que han sido identificados en los territorios, y que se estima contribuyen a la delincuencia son: la presencia de tráfico y consumo de drogas, la respuesta inadecuada de la Policía ante esta problemática, lo cual deriva en la falta de confianza de la comunidad hacia la institución policial. Asimismo, se consideran factores de riesgo el consumo abusivo de alcohol, la posibilidad de inundación de los territorios, las viviendas precarias y el hacinamiento, la falta de alumbrado público, los caminos en mal estado, la insuficiente cobertura del trasporte público, la existencia de baldíos o construcciones abandonadas. Por otro lado, la falta de abordaje comunitario de la violencia intrafamiliar (que afecta mayormente a las mujeres) deja la situación en el plano privado, con lo cual el control social se reduce a niveles mínimos, propiciando reacciones tardías y solo ante casos extremos. Los jóvenes que no acceden a capacitación adecuada se ven afectados por el desempleo o el subempleo y esto trae consigo el peligro de que ocupen su tiempo en actividades delictivas. Todas estas situaciones se repiten en los territorios estudiados. Al respecto, resulta válido lo expresado por O’Donell178 cuando describe el fenómeno: “El aumento de la criminalidad, las intervenciones ilícitas de la policía en los vecindarios pobres, la práctica habitual de la tortura e incluso ejecuciones sumarias de sospechosos de crímenes que provienen de sectores pobres o estigmatizados, la negación de derechos de la mujer y de distintas minorías, la impunidad del tráfico de drogas y el gran número de niños abandonados en las calles, no reflejan únicamente un grave proceso de decadencia urbana. También expresan la ineptitud del Estado para poner en vigor sus propias regulaciones”. Por otro lado, los factores de protección para la seguridad humana son aquellos que contribuyen a mejorar las condiciones de vida y la cohesión social, mejorando la resiliencia de las familias ante situaciones indeseadas que afecten a su seguridad. En estos casos, hemos encontrado los siguientes factores: presencia de organizaciones sociales fuertes y diversas en el territorio, aunque generalmente descoordinadas; de todas maneras, trabajan y obtienen resultados positivos para la comunidad. Se han identificado comisiones vecinales, organizaciones religiosas, organizaciones de la sociedad civil, comisiones de administración de agua, comisiones de padres y docentes, y otras menores. Estas organizaciones, además de cumplir con objetivos específicos como regularización de los territorios, acceso a agua potable, construcciones de locales, entre otros, también ofrecen espacios de debate, análisis y consensos, muy importantes para avanzar en la cohesión social. Otro factor importante de protección son las viviendas dignas que no se encuentran en todos los territorios estudiados pero que, sin duda, son de vital importancia, así como lo son la presencia de servicios básicos en el territorio. La presencia de servicios de salud, educación, recolección de basura, caminos, iluminación adecuada, guarderías, organizaciones religiosas, transporte público, son condiciones de protección para mejorar la seguridad de las personas. Es importante señalar aspectos generales identificados durante la misma, los cuales han afectado positiva o negativamente al proceso. Es importante señalar la gran dificultad para obtener información adecuada, sobre todo a nivel local, donde la disponibilidad de información oficial es casi nula, o de muy difícil acceso. Se ha podido constatar que a nivel municipal no se han construido bases de datos que permitan diagnosticar la problemática y planificar sobre bases ciertas, con lo cual se dificulta el diagnóstico y pone en riesgo el diseño correcto o apropiado de las políticas públicas y la eficacia de intervenciones en territorio, así como no permite la retroalimentación adecuada de los resultados. En el campo de las políticas públicas se debe mencionar que se ha identificado una falta de coordinación en la aplicación de programas y proyectos a nivel local. Esta falta de coordinación se da entre los niveles de Gobierno (nacional, departamental y municipal), así como de manera horizontal en los territorios entre programas sociales o servicios públicos que no logran articular la llegada para lograr mejores resultados. La situación es el reflejo de la no consideración del concepto de “seguridad humana” que abarca las dimensiones señaladas, que se centra en las personas y que su aplicación contribuirá a mejorar los resultados hacia el desarrollo social justo y equitativo. En conclusión, se afirma que la atención de problemas multicausales requiere la integración de agentes claves en la solución de los mismos, donde los líderes comunitarios cumplen un rol importante debido a la necesidad de aplicar estrategias diversas de diálogo, cooperación, articulación, para lograr mayor eficiencia en la aplicación de los recursos. Tal como lo afirma Ana María Munizaga179, “el reconocimiento de que la delincuencia es un problema multicausal, obliga a fortalecer el trabajo con la comunidad considerando en ello la asociación con agentes claves, la generación rigurosa de evidencia (acerca del proceso y resultados) y la instalación a largo plazo de las medidas adoptadas”. |
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| La seguridad humana y su complementariedad con la Seguridad Ciudadana: Un estudio de los Asentamientos Suburbanos. | 2017 | Descargar |